El Ministerio de Hacienda presentará una alternativa al proyecto de ley recientemente sancionado por el Congreso para la asistencia a trabajadores y comerciantes de la frontera con Argentina, afectados por las medidas de cierre del vecino país.
La viceministra de Economía, Carmen Marín, indicó que el proyecto como fue sancionado es “impracticable” dado que no da facultades al Ejecutivo para realizar un proceso de selección que garantice “que los recursos lleguen a los trabajadores que realmente necesitan”, dijo.
La ley establece una coordinación entre Hacienda, las gobernaciones y los municipios afectados para el listado de beneficiarios. Desde la cartera del Ejecutivo se busca replicar la experiencia ya obtenido con el programa Pytyvo, en donde se habilita un periodo de inscripción con un formulario de preguntas y luego se hace el cruzamiento de datos.
“Necesariamente tenemos que habilitar un periodo de catastro para verificar los datos, si las personas son afectadas en sus ingresos, si dentro del núcleo familiar existen funcionarios públicos, beneficiarios de programas sociales o jubilados que perciben sus haberes”, lo que garantiza un ingreso fijo dentro de los hogares, dijo este domingo en el programa La Lupa.
Otra preocupación de la cartera de Hacienda es el financiamiento de la Ley, dado que el proyecto establece que se utilicen los remanentes de la Ley de Emergencia en su apoyo a programas sociales. La Ley de Emergencia estableció una línea de crédito de US$ 1.600 millones, garantizando fondos para el Ministerio de Salud, programas sociales y funcionamiento del Estado, en principal medida.
Del sector programas sociales, quedan unos US$ 10 millones remanentes de Pytyvo y unos US$ 30 millones aún no ejecutados asignados para el pago de compensaciones económicas a trabajadores inscriptos dentro del Instituto de Previsión Social (IPS).
Una estimación del Ministerio de Hacienda indica entre 50 a 60 millones de dólares para unos 70.000 beneficiarios, esto excluyendo a quienes ya percibieron los pagos de Pytyvo, programa destinado a trabajadores informales y cuentapropistas.
Por último, indicó que la ley establece subsidio por tres meses y divide en dos categorías: hasta Gs. 9 millones para comerciantes y hasta Gs. 1.500.000 para trabajadores informales.
En opinión de la cartera del Estado, señaló la viceministra, se debe establecer un criterio único para el pago de los subsidios y el Ejecutivo debe tener herramientas para la elegibilidad de los beneficiarios, cosa que la actual redacción de la Ley no permite.
Indicó que mañana lunes se espera presentar una alternativa de parte del Ministerio de Hacienda.
